La oposición dialoguista expresó su satisfacción ante la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con el paquete fiscal del megaproyecto de ley presentado por el presidente Javier Milei. La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluye la retirada de la suba en las retenciones y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, aspectos que generaban fuertes críticas y resistencia.
A pesar de este paso positivo, la oposición aún mantiene reservas y cuestiona algunos capítulos clave que persisten en el texto de la Ley Ómnibus. La sesión para debatir el proyecto, que aún no ha sido formalmente convocada, se espera para el próximo martes.
Desde los bloques de la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal, se considera que la retirada del paquete fiscal fue acertada, evitando una derrota asegurada para el oficialismo en la sesión. Los diputados destacaron la necesidad de un equilibrio fiscal, pero enfatizaron la importancia de medios equitativos y razonables para alcanzar ese objetivo.
La decisión de Caputo de retirar el paquete fiscal se basó en consultas realizadas por el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores de Juntos por el Cambio. Aunque la iniciativa general cuenta con apoyo, se identificó un riesgo significativo de rechazo al capítulo fiscal. Ante este escenario, el Gobierno optó por dar marcha atrás y buscar acuerdos con los mandatarios provinciales para las nuevas medidas tributarias.
Juan Manuel López, jefe de la bancada de la Coalición Cívica, instó al ministro de Economía a revisar las exenciones tributarias en el nuevo paquete fiscal. En particular, hizo referencia al régimen de promoción de Tierra del Fuego, abogando por un acuerdo que beneficie a millones de consumidores de celulares y notebooks.
Si bien se espera una sesión intensa en la Cámara de Diputados el próximo martes, el nivel de tensión ha disminuido en comparación con días anteriores, dado el retiro de ciertos aspectos polémicos del paquete fiscal.
Entre los puntos que aún generan resistencia se encuentran las propuestas de privatización de 35 empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Correo, Administración General de Puertos y los medios públicos. Aunque se excluyó a YPF del listado, la UCR propone que el Congreso autorice la privatización de cada empresa estatal. Hacemos Coalición Federal insiste en mantener en manos del Estado el Banco Nación y ARSAT.
Otro tema de discordia son las facultades delegadas propuestas en el dictamen del oficialismo. Se busca declarar la emergencia en diversas áreas por un año, prorrogable por el Congreso por otro año más. A pesar de reducciones solicitadas por los bloques dialoguistas, persisten las críticas de Unión por la Patria y la izquierda, argumentando que el Gobierno busca atribuciones excesivas para gobernar sin control del Congreso.
En resumen, aunque la retirada parcial del paquete fiscal ha sido recibida positivamente, la oposición aún anticipa un debate intenso sobre los puntos críticos de la Ley Ómnibus en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.**
