AI News En las entrañas del Congreso, donde se debaten modificaciones económicas sustanciales, una feroz batalla se libra entre dos gigantes de la industria tabacalera, Tabacalera Sarandí y Massalin Particulares, por la posible eliminación de un gravamen diferenciado contemplado en la ley ómnibus.
Desde 2017, Tabacalera Sarandí, junto con otras pymes tabacaleras, ha eludido el impuesto interno mínimo de $517,5 por atado de cigarrillos. Esto les permitió ofrecer productos hasta un 50% más baratos que las multinacionales competidoras. La ley ómnibus busca cambiar estas reglas, eliminando el mínimo y estableciendo una base imponible basada en el valor de venta al público, con una tasa de impuesto elevada al 73%.
La eliminación del impuesto mínimo afectaría a todas las empresas, reduciendo la brecha de competencia entre pymes y multinacionales. Sin embargo, la medida ha generado divisiones dentro de la industria tabacalera y ha llevado a enfrentamientos legales.
Además, la controversia se traslada al ámbito penal, donde Tabacalera Sarandí ha presentado una denuncia contra Massalin Particulares por presunta «defraudación al Estado». Esta disputa se agrava con acusaciones sobre la autoría de los artículos de la ley ómnibus y posibles conflictos de interés de exfuncionarios en su redacción.
El Congreso ha sido testigo de intensos debates, y varios legisladores han planteado alternativas a la reforma propuesta por el ejecutivo. Las discusiones incluyen no solo el impuesto mínimo para la industria tabacalera, sino también la aplicación de gravámenes a productos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, lo que ha generado discrepancias entre las empresas.
El resultado final de este enfrentamiento podría reflejarse en la versión definitiva de la ley ómnibus, con modificaciones que busquen equilibrar intereses divergentes en este sector económico crucial.
