El proyecto de ley ómnibus presentado por el gobierno de Javier Milei ha generado un debate crucial sobre la necesidad de cambios legales profundos en Argentina, abordando cuestiones fundamentales en materia previsional, impositiva y de distribución de funciones estatales. A pesar de reconocer el diagnóstico acertado del gobierno sobre la larga decadencia del país, es imperativo que los legisladores desplieguen serenidad, autocrítica y una actitud constructiva para abordar las complejidades políticas que rodean esta iniciativa.
En este contexto, propongo cinco cambios básicos que podrían fortalecer el proyecto y contribuir a la estabilidad y progreso del país:
- Movilidad de las jubilaciones: La estrategia de cambiar la movilidad previsional para reducir el déficit fiscal es un enfoque recurrente. Sin embargo, propongo establecer por ley que la Anses actualice las jubilaciones según la inflación, brindando estabilidad a los ingresos de los jubilados y previsibilidad a las cuentas públicas. Esto allanaría el camino para una reforma integral del sistema previsional.
- Fondo de garantía previsional: La propuesta de transferir activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional debe priorizar la cancelación de deudas de la Anses con jubilados y provincias. La ley debería establecer claramente que la liquidación de activos se destine primero a saldar estas deudas, asegurando una gestión transparente y responsable de los recursos.
- Retenciones bancarias: En lugar de una exención limitada de retenciones bancarias, abogo por la prohibición expresa de este mecanismo tributario. Esta medida aliviaría a todos los contribuyentes, promoviendo el uso de dinero digital y, al mismo tiempo, debería obligar a la AFIP a celebrar convenios para integrar la recaudación del IVA con la de Ingresos Brutos y tasas municipales.
- Retenciones a exportaciones: La propuesta de aumentar la tasa de derechos de exportación va en contra del espíritu de la ley al perjudicar la producción y contradecir la intención de fomentar las exportaciones. Como legisladores, es nuestra responsabilidad corregir este error para garantizar la coherencia en las medidas adoptadas y promover el equilibrio sostenible de las finanzas públicas.
- Transferencias a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires: La ley actual plantea disposiciones que van en contra del régimen federal al mantener en la órbita nacional servicios públicos clave. Propongo la transferencia de la distribución eléctrica, propiedad de AySA, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica y la Inspección General de Justicia a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para corregir asimetrías.
