Las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur, enfrentando balances en rojo por más de $110.000 millones cada una en el año pasado, presentaron en una audiencia pública su situación financiera y solicitaron incrementos en las tarifas para poder hacer inversiones y mantener operaciones mínimas. Ambas distribuidoras pidieron aumentos que podrían llevar el valor promedio de las facturas de electricidad a $7600 por mes, suponiendo que no se aplique una suba adicional por la quita de subsidios en el segmento de generación. Aquí se resumen los aspectos clave:
- Situación Financiera Complicada:
- Edenor y Edesur exhibieron balances financieros negativos en 2022 y presentaron déficits significativos, lo que las llevó a endeudarse con el Estado para cubrir costos y realizar inversiones.
- Incremento en las Tarifas Solicitado:
- Edenor solicitó un requerimiento anual adicional de ingresos de $521.303 millones, lo que implicaría un aumento promedio del 89% en las facturas para el 80% de sus clientes.
- Se estima que, con esta propuesta, el 80% de los clientes residenciales pagaría alrededor de $7619 por mes.
- Dificultades en Edesur:
- Edesur informó que cada $1000 que paga el usuario, la empresa dispone solo de $270 para cubrir sueldos, contratistas, materiales, impuestos y realizar inversiones.
- A pesar de un déficit de $118.600 millones en 2023, Edesur destacó haber invertido $256.908 millones entre 2020 y 2023.
- Comparación con Otros Servicios y Regiones:
- Edenor comparó los nuevos valores propuestos con otros servicios, señalando que representarían un promedio de $246 por día para el 80% de los clientes residenciales.
- Edesur destacó las diferencias en los costos de las facturas de usuarios residenciales en diferentes provincias de Argentina y comparó con tarifas de otros países de América Latina.
- Desbalance en las Tarifas de Buenos Aires:
- Edesur expresó su preocupación sobre un supuesto desbalance en las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en comparación con otras regiones del país, sugiriendo decisiones de política tarifaria sin justificación técnica.
En resumen, las distribuidoras buscan aumentos para hacer frente a sus dificultades financieras y mantener la prestación del servicio eléctrico. Estos posibles incrementos generarían un impacto sustancial en las facturas de los usuarios, lo que agrega presión a la discusión sobre tarifas en el contexto económico actual.
